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Derogación del Real decreto Ley 21/2018 de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler | Garcia y Muñoz Abogadas
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Derogación del Real decreto Ley 21/2018 de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler

Desde Garcia y Muñoz Abogadas queremos informar de la derogación este 22 de enero ,por el Congreso de los Diputados del Real Decreto Ley 21/2018 de 14 de diciembre de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler .

Apenas 35 días de vigencia de la última reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos llevada a cabo por el Gobierno y que no ha encontrado el respaldo necesario en el Congreso .

Precisamente hace apenas dos semanas publicábamos en nuestra página las modificaciones que nos traía la nueva Ley y sus posibles consecuencias. Es por ello y por la gran repercusión social que conlleva este cambio por lo que nos hacemos eco y a la vez intentaremos aclarar la situación legislativa actual .

La brevedad de su vigencia no le resta importancia pues es una Ley que afecta directamente a las relaciones contractuales  entre particulares y , por ello , de gran uso .

Dicho esto , señalamos que los contratos de arrendamiento firmados entre el 19 de diciembre de 2018 y el 22 de enero de 2019 se regirán por la normativa contenida en el Real Decreto Ley 21/2018 y sus principales condiciones a groso modo serán ( para más información remitimos a la publicación del día doce de enero y rubricada” ¿Qué novedades nos trae la nueva Ley de Arrendamientos Urbanos?”) :

. El plazo de prórroga obligatoria de los contratos será de cinco años si es persona física y de siete si el arrendador es persona jurídica .

. La prórroga tácita será de tres años , no hablamos de otra cosa que del plazo por el que se amplía el contrato si una vez cumplida la prórroga obligatoria no existe manifestación por ninguna de las partes de su no continuidad.

. La fianza está limitada a un mes de renta con la posibilidad de exigir garantías adicionales de como máximo dos mensualidades .

. Los gastos de gestión inmobiliaria y formalización del contrato deben asumirlos la parte arrendadora si es persona jurídica, exceptuando los casos en que el arrendatario haya manifestado su voluntad de hacer uso de esos servicios .

. El arrendatario queda más protegido en caso de desahucio pues será necesario un informe emitido por los Servicios Sociales si se encuentra en situación de vulnerabilidad social .

Para los contratos firmados a partir del 22 de enero de 2019, la situación queda como sigue :

. Se restablece la situación legislativa anterior al 19 de diciembre de 2018, ósea, se deja sin efecto el Real Decreto Ley 21/2018.

. La prórroga obligatoria vuelve a ser de tres años con posibilidad de una prórroga tácita de un año .

. No existe a partir del 22 de enero de 2019 limite a la fianza , pudiendo el arrendador exigir cuantas garantías estime oportunas .

. Tampoco existe la obligación para el arrendador de asumir los gastos de gestión inmobiliaria y formalización del contrato .

. Queda sin efecto la exclusión de la Ley de Arrendamientos Urbanos de los alquileres turísticos, por lo que las Comunidades de propietarios deberán aprobar por unanimidad la prohibición de este tipo de alquileres .

 

Ni que decir tiene que el Real Decreto Ley 21/2018 dejaba al arrendatario en una posición mucho más garantista si la comparamos con la legislación actual vigente de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre  en su última reforma del año 2013.

Los contratos celebrados en esos 35 días de vigencia Del Real Decreto 21/2018, podrán durar hasta ocho años y las garantías que les haya exigido el arrendador habrán estado limitadas por la propia Ley . Esta cuestión es clave pues esas garantías son en muchos casos la causa de la inaccesibilidad de muchos ciudadanos al alquiler de una vivienda .

Así mismo, tal y como hemos apuntado, queda eliminada la obligación del Juez ante un procedimiento de desahucio de pedir el informe a los Servicios Sociales para el caso de que el inquilino se encuentre en situación de vulnerabilidad social, exigencia que , seguramente , traería un gran retraso en los procedimientos de desahucio puesto que la Ley no fijaba plazo alguno para la emisión de dicho informe .

 

En García y Muñoz Abogadas, en la Calle Mayor de Cartagena estamos a su servicio bajo cita previa para darle información y asesoramiento en relación con los contratos de arrendamiento .

No dude en contactar con nuestro equipo ante cualquier duda legal que le surja al respecto . Estaremos encantadas de atenderle .

 

 

 

 

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