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Garcia y Muñoz Abogadas | La Incapacidad Judicial
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La Incapacidad Judicial

 

A veces oímos términos que parecen significar lo mismo y que solemos utilizar alternativamente confundiéndonos y sumiéndonos en un mar de dudas.

Este es el caso de los términos incapacidad laboral, incapacidad judicial y discapacidad.

Intentaremos en pocas líneas clarificar su significado para hacer un uso correcto de los citados términos.

 

Cuando hablamos de incapacidad laboral, nos referimos a aquella situación en la que un trabajador que estaba en activo es sometido a un tratamiento y es dado de alta posteriormente por su médico con la peculiaridad de que tras el alta se encuentra con reducciones anatómicas o funcionales graves que se presumen definitivas concluyendo esta situación en la atribución al trabajador de no de los distintos grados de incapacidad existentes, a saber:

 

  • Incapacidad permanente parcial para la profesión habitual.
  • Incapacidad permanente total para la profesión habitual.
  • Incapacidad absoluta para todo tipo de trabajo.
  • Gran invalidez.

 

 

Sin embargo, al hablar de discapacidad, nos referimos al ámbito circunscrito por la Ley 13/1982 que nos dice literalmente que “ serán discapacitados toda aquella persona cuyas posibilidades de integración, educativas, laborales o sociales se hallen disminuidas como consecuencia de una deficiencia permanente en sus capacidades físicas, psíquicas o sensoriales”. Es por tanto la limitación que tienen algunas personas para realizar actividades básicas para la vida como son vestirse, comer u otras relacionadas con la comunicación , ver , oír etc.

Según la Ley 51/2003 “ tendrán esta condición las personas a las que s e les haya reconocido un grado de discapacidad del 33% o mayor”.

El reconocimiento de este grado de discapacidad tendrá aparejada determinadas ayudas o beneficios fiscales, así como también rebajas en el uso de transportes públicos y similares.

 

El tercer y último concepto que queremos analizar hoy es el de la incapacidad judicial. Es para nosotras de gran interés, por lo que nos extenderemos un poco mas en su explicación.

Al hablar de incapacidad judicial nos adentramos en un terreno radicalmente distinto a los expuesto hasta ahora, se trata de un mecanismo jurídico que se utiliza para casos en que existan enfermedades persistentes físicas o psíquicas que impidan a una persona gobernarse por sí mismo, es decir, estamos en el caso de que la persona carezca de lo que jurídicamente llamamos “capacidad de obrar” que es la capacidad para llevar a cabo sus Derechos y obligaciones. Sería aquella situación en la que nuestros hijos, hermanos, padres padezcan   enfermedades tales como el Alzheimer en grado avanzado, personas con discapacidad intelectual con deterioro cognitivo grave, problemas graves que imposibiliten a la persona para gobernarse etc.

Para determinar la incapacidad judicial se tendrán en cuenta factores como la autonomía personal, el aseo, la nutrición, la autonomía doméstica y social, entre otros.

Este procedimiento que se encuentra regulado en los artículos 199 y siguientes del Código Civil y 748 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se utiliza para proteger los bienes y derechos personal y patrimonialmente de aquella persona que por razón de enfermedad no puede hacerlo por si misma.

 

¿ Qué podemos hacer ante un caso así?

 

Ante un caso de este tipo nos tendremos que dirigir al Juzgado para promover el procedimiento de incapacitación del que hemos hablado.

Será el cónyuge, descendientes, o en defecto de éstos, los ascendientes y hermanos los que tendrán que iniciar el citado procedimiento.

El Ministerio Fiscal tiene la posibilidad de iniciarlo también si no existieran estos familiares o existiendo no actuaran.

Por otra parte, cualquier persona que tenga conocimiento de la existencia de una persona que pueda padecer una situación que conlleve una incapacitación podrá ponerlo en conocimiento del Ministerio Fiscal para que éste promueva el procedimiento.

 

¿Qué tipo de procedimiento es?

 

Se trata de un procedimiento sencillo.

Una vez sea iniciado por las personas mencionadas anteriormente, el propio incapaz podrá acudir al mismo con abogado y procurador, en caso contrario será el Ministerio Fiscal el que lo defienda.

El Tribunal oirá a todas las partes y al incapaz. Lo mas importante a nuestro juicio, será el dictamen pericial, es decir, el reconocimiento que se le realizará al incapaz por un equipo de profesionales que será determinante par ala futura resolución del Tribunal.

La sentencia del Juez pondrá fin al procedimiento y determinará el alcance y límites de la incapacidad así como también el régimen de tutela a que quedará sometido.

Si fuera necesario, el Juez podría decretar un internamiento en un centro especializado según las concreta necesidades del incapaz.

En la sentencia el Juez podrá determinar someter al incapaz a “Tutela”, estaremos ante el caso de una incapacidad total; una “Curatela”, sería ésta una incapacidad parcial; o nombrar un “Defensor Judicial”.

 

¿ Y qué diferencia hay entre estas tres posibilidades?

 

En el primer caso, el Juez nombrará un tutor que será el representante del menor o incapaz salvo para los actos que pueda realizar por si mismo.

El tutor estará obligado a realizar las siguientes actuaciones:

 

  • Velar por el tutelado.
  • Procurarle alimento.
  • Educarlo.
  • Promover la adquisición o recuperación de la capacidad.
  • Informar al Juez anualmente sobre la situación del tutelado y rendir cuentas sobre su administración.

 

Si el Juez fijara en su sentencia una Curatela, estaríamos ante una situación mas restringida en la que esa persona solo actuaría para complementar las actuaciones del incapacitado en los términos que diga la sentencia.

El Juez también podría fijar en la sentencia la actuación de un Defensor Judicial, sería esta una figura que actuaría de forma temporal para cuando exista un conflicto entre el tutor y el tutelado y para cuando el tutor no pueda ejercer sus funciones.

Para el caso de hijos no emancipados que estén bajo la patria potestad de los padres, al llegar a la mayoría de edad habría que promover el citado procedimiento pero en la sentencia a esta figura se le llamaría “ Patria Potestad prorrogada”.

 

Si usted tiene a un familiar en una situación similar, en García y Muñoz Abogadas, en Cartagena , estamos a su servicio para aclarar todas sus dudas y para ayudarle a iniciar este procedimiento previa cita a los teléfonos o al correo electrónico de contacto. No dude en consultarnos.

 

 

 

 

 

 

 

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